Agustina Aguiar, Secretaria de Estado de la Casa de Santa Cruz, formalizo firmo el convenio en representación de la provincia, fortaleciendo la articulación federal para la asistencia, acompañamiento y restitución de derechos de las víctimas.
Santa Cruz adhirió al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación que busca fortalecer los mecanismos de asistencia, acompañamiento e inserción social y laboral de las personas víctimas de este delito.
La adhesión fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, encabezado por Sebastián Georgion, cartera que tendrá a su cargo la implementación del programa en Santa Cruz a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. En ese marco, la firma del convenio fue realizada por Agustina Aguiar, Secretaria de Estado de la Casa de Santa Cruz, en representación institucional de la provincia ante Nación.
De esta manera, Santa Cruz se suma a Chaco, Corrientes, Neuquén, Río Negro, La Rioja, San Luis y San Juan, jurisdicciones que formalizaron su adhesión al programa junto a las doce que ya lo habían hecho durante el mes de mayo.
El Programa Nacional tiene como objetivo promover la restitución de derechos a las víctimas del delito de trata de personas mediante la implementación de un circuito de asistencia articulado con una Red de Puntos Focales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, apunta a fortalecer las capacidades técnicas de los organismos que integran esta red, promover la coordinación interinstitucional y facilitar la reinserción social y laboral de las víctimas desde un enfoque de derechos y no revictimización.
A través del acuerdo, el Ministerio de Justicia de la Nación se compromete a brindar asistencia técnica y metodológica, capacitaciones, acompañamiento en la implementación del programa y apoyo a las jurisdicciones provinciales en su articulación con otros organismos nacionales. Por su parte, las provincias asumen el compromiso de adoptar e implementar los lineamientos del programa, designar equipos responsables, participar en instancias de articulación e implementar los protocolos nacionales vigentes en materia de asistencia y restitución de derechos.
La adhesión de Santa Cruz reafirma la importancia de construir políticas públicas basadas en la planificación, la información confiable y la articulación permanente entre jurisdicciones. En este sentido, el acompañamiento a las víctimas debe traducirse en herramientas concretas que permitan avanzar en procesos de restitución de derechos, autonomía, inserción social y laboral.
Con esta firma, la provincia fortalece su compromiso con una gestión pública responsable, federal y orientada a la protección integral de los derechos humanos.
